La Educación Especial ha pasado a través de los años por diversas etapas de conceptualización, desarrollo y transformación. Por supuesto, a nivel legislativo, los grandes avances del tratamiento de la diversidad, datan de los últimos años, cuando España pasó a formar parte de la Unión Europea y ratificaba los acuerdos con la ONU.
En un principio, no se aceptaba la diferencia, los niños con discapacidades eran escondidos en sus hogares y nadie se preocupaba de su educación.
A finales del Siglo XIX, con la Ley Moyano, aparece una preocupación por la educación de los niños con deficiencias sensoriales, quedando excluidos de toda protección legal el resto de discapacidades.
Es en 1970 cuando aparecen cambios significativos importantes en la legislación española con La Ley General de Educación. Se produce la adopción legal del término Educación Especial. Es la primera Ley de Educación española que contempla la educación de todos y todas, sin exclusión. Hay que tener en cuenta que los organismos internacionales han ejercido una fuerte presión en la evolución normativa del tratamiento educativo de la diversidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de 1966 inició un programa encaminado a desarrollar la cooperación con otros organismos para llevar a cabo, en todo el mundo, análisis y estudios sobre la Educación Especial y para proveer a los países miembros de expertos y consultores que ayudasen a planificar actividades para los deficientes y a formar profesores capacitados; La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue constituida en 1961 inicialmente por un grupo de países, entre ellos España y su finalidad esencial es la promoción del progreso económico y el comercio mundial. Dentro de la OCDE destaca el Centro para la Investigación e Innovación Educativa, creado en 1968.
España, todavía tenía un largo camino que recorrer pero comenzaba a valorar la educación de todos, eso sí, en régimen de exclusividad la Educación Especial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos también orientó a la elaboración de la Constitución Española. Evidentemente, nos encontramos en plena transformación. La preocupación en estos momentos es el respeto a todos y el beneficio de los derechos de todos los ciudadanos en todas las facetas de la vida.
En 1990 se publica la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que aumenta en 10 años la obligatoriedad escolar y se acorta distancia con los países de la Unión Europea en la que España había entrado en 1986.
La Declaración de Salamanca sobre “Necesidades Especiales: Acceso y Calidad” (1994) constituye un importante estímulo a la integración. En la última reforma educativa de España, se reflejan las ideas de inclusión de la Declaración de Salamanca.
En el 2006 se promulga la Ley Orgánica de Educación. Es la Ley que mayor implicación tiene con el tratamiento educativo de la diversidad. Valora la educación en régimen de inclusión, puesto que la diversidad enriquece a todos los niños. El Título II de la Ley, aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.
Nos encontramos en un momento histórico, donde los ciudadanos españoles aceptan la discapacidad, y las Leyes apoyan la educación de todos en igualdad de condiciones.
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